Ramón
Elosegi biologoak eta SEO/BirdLifen lurralde ordezkariak MAGNAk Antxeriko
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El
Valle de Baztan y la minería a cielo abierto
La
responsabilidad de la conservación del patrimonio natural, cultural y
paisajístico ha recaído tradicionalmente en las administraciones públicas que
han querido proteger estos valores aplicando las Normas de forma poco
edificante. Lo que ocurre es que en esta ocasión la Admnistración de Navarra
quiere decidir sobre espacios en los que ya no tiene soberanía suficiente y no
quiere reconocer que debe gestionarlos teniendo en cuenta Leyes nacionales
contando con el permiso de la Comisión europea.
Con el
proyecto de mina a cielo abierto de Zilbeti la Administración navarra promueve
la destrucción de territorio protegido, sosteniendo empresas privadas con
recursos públicos.
La
opinión pública navarra debe saber que muchos de los poroyectos que se intentan
implantar en su territorio lo hacen no porque aquí se conjuguen condiciones
naturales favorables o riquezas minerales excepcionales, sino porque los
órganos políticos se muestran comprensivos a la hora de captar proyectos que
son rechazados en otros lugares por afectar de forma crítca al territorio que
admnistran o incluso a la salud pública de los ciudadanos que los han elegido.
Lamentablemente
la opinión pública se está acostumbrando a contemplar con desidia cómo los
estamentos políticos, que han sido elegidos para preservar y gestionar nuestro
patrimonio público con criterios de estricta prudencia, lo derrochan en
beneficio de familiares, amigos y bienhechores, pero lo que nos acabamos de
entender es que los funcionarios públicos a los que se les ha dotado de
privilegios exclusivos (inamovilidad, independencia de criterios profesionales
etc.) utilicen sus bien formados criterios en respaldo de los intereses
políticos y no en la defensa de los intereses públicos de los que
supuestamendte son serviodres. En todo caso la Administración pública, en su
conjunto, debe defender con rigor el patrimonio de todos, concediendo el uso
privado del domnio público con criterios estrictamente centrados en el
cumplimiento de la Ley.
La
empresa Magnesitas de Navarra S.A., MAGNA nos anuncia el próximo agotamiento de
la cantera de Azkarate en Eugi (valle de Esteribar, Navarra) y a tal efecto
promovió la apertura de una cantera en Erdiz (Valle de Baztan) dentro de la
Zona de Especial Conservación Monte Alduide que forma parte de la red de
espacios naturales europeos, pero la movilización social de repulsa al proyecto
fue tan contundente que se buscó un punto, dentro de la mismo beta de mineral,
situado en el paraje de Antxeri (Valle de Erro) junto a la pequeña población de
Zilbeti y dentro del mismo espacio protegido, que se cuenta con escasa
capacidad para llamar la atención de la opinión pública navarra en defensa de
su territorio.
El
promotor minero asume la imposibilidad de avances en su proyecto en Baztan y
declara públicamente su renuncia al mismo. Sin embargo en el expediente que
hace público solicitando las autorizaciones para abrir la cantera en Zilbeti
reconoce que la calidad del ineral en esta localidad no es buena pero que su
apertura le permitiría prolongar la vida de su cantera actual, mezclando ambos
minerales, mientras resuelve los problemas que se le presentan en Baztan. Y a
tal efecto el Gobierno de Navarra aprobó un PSIS, figura que debería ser
excepcional pero que se usa abusivamente con demasida frecuencia, intentando
evitar dificultades ante proyectos que se presumen impopulares.
Una
estrategia muy utilizada por el poder político es la que ahora estamos
observando en el proyecto minero de Zilbeti. Se utiliza a los medios de
comunicación para pervertir los argumentos con llamativos titulares, haciendo
llegar a la opinión pública la idea de que la defensa del Patrimonio común está
en manos de radicalismos políticos cuando lo que simplemente se hace es respetar
la Ley y aplicarla en beneficio de la conservación territorial como concepto
patrimonial básico.
Dentro
de las ayudas oficiales con que cuenta este proyecto minero se pueden apreciar
irregulariddes administrativas y favoritismos, omitiendo tramitaciones que en
otros casos hubiesen paralizado cualquier iniciativa. Entre ellas figura el
necesario permiso de ocupación de un bosque protegido en Quinto Real que quiso
otorgarse de forma fraudulenta pocos días antes del relevo de autoridades
municipales en Baztan y que ahora se rechaza.
Pero la
desafección del bosque de Quinto Real no se lo niega un partido pólitico sino
que según las Ordenanzas, Cotos y Paramentos del Noble Valle y Universidad de
Baztan, la decisión la toma la Junta General que gestiona los comunales y que
está integrada por 13 representantes del Ayuntamiento de Baztan, quince Jurados
que representa a cada uno de los Lugares del Valle y cuatro vecinos procedentes
de otros tantos Cuarteles del Noble Valle. Previamente, y antes de someter el asunto
a votación, la Junta General se reúne y sondea la opinión de los responsables
del Valle de Erro, de SEO/ Birdlife y de la coordinadora Monte Alduide.
El
Gobierno de Navarra viene socorriendo a MAGNA con la tramitación de un proyecto
a todas luces ilegal y recurrido ante los tribunales, favoreciéndole con
cuantiosas subvenciones que en este tiempo de crisis no deberían justificarse.
Por el contrario la empresa debería recibir ayudas, no para violar la Ley, sino
para reconvertirse aprovechando las alternativas existentes fuera de los
espacios protegidos europeos que le permitirán sobrevivir sin necesidad de
destruir territorio.